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Latitud 04 de Febrero de 2012

¿Cómo se financia la educación en Colombia?

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La Ley 60 de 1993, que reglamentó los artículos 356 y 357 de la Constitución y tuvo vigencia hasta 2001, definió la distribución de competencias y recursos para la educación. Esta establecía una transferencia llamada Situado Fiscal, equivalente al 24,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), para los departamentos y cuatro distritos (Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta), y le daba a los municipios una participación en el 22% de los ICN.

De los recursos del Situado Fiscal, al sector educativo le correspondía aproximadamente el 75%, y a salud, el 25% restante. El 15% de todos los recursos para educación se le daba a departamentos y distritos por partes iguales, y el 85% restante se asignaba según la población potencial que se debía atender, y la eficiencia administrativa y fiscal de los gobiernos territoriales. Los municipios debían a su vez destinar a educación mínimo el 30% de los recursos que le correspondían por participaciones en los ICN.

Estas normas cambiaron y hoy se distribuyen los recursos de una manera diferente. En 2001 se aprobó el Acto Legislativo 01 que modificó los artículos 356 y 356 de la Constitución Política, mediante el cual se creó el Sistema General de Participaciones (SGP), para la financiación de los servicios de salud, educación y propósito general. El SGP agrupó en una bolsa única los recursos del Situado Fiscal y las participaciones municipales en los ICN. El Acto Legislativo se reglamentó por la Ley 715 de 2001, que comenzó a aplicarse a partir de enero de 2002.

La Ley 715 estableció un periodo de transición en 2002 y 2003, durante el cual la transferencia de los recursos a las entidades territoriales se realizó con base en el reconocimiento de los costos efectivos de la prestación del servicio educativo.

A partir de 2004 los recursos del SGP son transferidos a las entidades territoriales certificadas (aquellos departamentos y municipios con más de 100 mil habitantes, que asumen la administración de los recursos del SGP y la prestación del servicio educativo oficial). Ahora el Gobierno central define qué dinero se debe transferir a departamentos y municipios por alumno atendido (que varía según lugar y condiciones); cuál es la población de niños y jóvenes que está siendo atendida, y la que falta por atender. Una pequeña proporción se distribuye según un criterio de equidad que privilegia a las entidades más pobres.

Hoy, en resumen, el sistema escolar de un departamento o ciudad recibirá dinero dependiendo del número de niños que atienda. Si atiende a más niños, recibirá más dinero. Por decirlo de una manera más coloquial, cada niño viene con su pan bajo el brazo. El dinero sigue a los niños.

Para conocer del uso de los recursos en el SGP en educación, consulte este link: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-198471_archivo_pdf10.pdf

Hay críticas frente a esta manera de distribuir los recursos; expertos coinciden en que se requiere una intervención más activa del Gobierno Nacional en los departamentos y municipios que tengan resultados educativos precarios (en esta franja se encuentra gran parte de los departamentos y municipios de la Región Caribe), consideran que la asignación de los recursos del SGP debe tener en cuenta los resultados en calidad de la educación. Si desea conocer más, consulte este link: http://www.educacioncompromisodetodos.org/ect/noticia.php?&id=25

Aparte de los recursos del SGP, los entes territoriales pueden disponer de sus recursos propios, regalías, cofinanciación con otros niveles del Gobierno o el sector privado, crédito interno o externo y otras fuentes (donaciones y recursos de cooperación internacional, entre otros).

Conozca la nueva reglamentación que ha sido expedida en relación con el nuevo Sistema General de Regalías: http://www.dnp.gov.co/Programas/Regal%C3%ADas/SistemaGeneraldeRegal%C3%ADas.aspx

¿Qué son las entidades territoriales certificadas?

El sistema educativo colombiano es un sistema descentralizado, en donde las entidades territoriales certificadas en educación son las responsables de administrar el sistema educativo en su territorio de manera autónoma. Actualmente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, se encuentran certificados 78 entes territoriales y en proceso de certificación están 10 municipios más. La fortaleza en la generación de ingresos propios es una condición necesaria para que los entes territoriales estén en capacidad de atender las necesidades de su jurisdicción. La descentralización efectiva se basa en la autonomía de ingresos, que permite la definición del gasto.

Retos para Barranquilla
El estudio realizado por Fundesarrollo y el Comité Intergremial del Atlántico sobre las finanzas públicas y los esquemas de financiamiento de la inversión de Medellín y Barranquilla durante el período 2008-2009 plantea que a diferencia de Barranquilla, Medellín posee una menor dependencia de recursos del nivel central para el financiamiento de sus rubros más importantes (educación, salud y transporte).

Los destinos de la inversión en Barranquilla se encuentran concentrados en tres sectores: educación, salud y fortalecimiento institucional, que en su conjunto representaron el 72% de la inversión durante la vigencia fiscal de 2009. En este período las fuentes de financiamiento de los sectores de salud y educación se dieron en un 84% y 97% con recursos provenientes del nivel nacional y créditos ya sea por vía de recursos del SGP, cofinanciación nacional, créditos externos o internos, Fosyga y Etesa (para el caso de la salud). Igualmente, en el sector de Fortalecimiento Institucional, que representó el 20% de la inversión total de 2009, se destinaron cerca de 154.225 millones de pesos, para cubrir todo lo relacionado con el proceso de reestructuración de pasivos y saneamiento fiscal fijado por la Ley 550; la principal fuente de financiamiento de la inversión de este rubro fueron recursos provenientes de la cuenta de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (66%).

El informe de Calidad de Vida realizado por Barranquilla Cómo Vamos para el período 2008-2010 señala que el aumento de los ingresos durante el período también ha venido acompañado de un aumento de los gastos totales, sobre todo en la inversión. Sin embargo, se hace necesario que el Distrito de Barranquilla alcance un mayor grado de autonomía en el gasto público similar al de Medellín, avanzando en varios frentes: 1) robusteciendo los ingresos tributarios y no tributarios, 2) explorando fuentes alternativas de ingresos de carácter permanente, por ejemplo: la participación accionaria en empresas de servicios públicos es una opción a analizar. 3) Avanzando en la reducción de deuda financiera y no financiera, toda vez que estas son obligaciones que en la actualidad le sustraen recursos a otras áreas como educación o salud, señala el estudio. Si desea conocer los estudios referenciados, consulte este ‘link’: http://www.fundesarrollo.org.co/docs/FUN-3-2011-23.pdf y www.barranquillacomovamos.org

Por Rocío Mendoza
Directora de
Barranquilla Cómo Vamos
Twitter: @rochimendozam

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